Tras la suspensión de actividades decidida el viernes, la senadora Silvia Elías de Pérez y el legislador José María Canelada presentaron una nota al gobernador, Juan Manzur, pidiendo que revise y dé marcha atrás con esta medida que "es una invitación al abismo para miles de tucumanos".
Ambos dirigentes aclararon que siempre acompañaron las medidas sanitarias que se dispusieron a lo largo de estos meses. Sin embargo, dijeron que es tiempo de apelar a otras alternativas de solución. Además, exigieron que se concreten medidas de alivio fiscal para estos sectores.
Los parlamentarios plantearon que cabía preguntarse si las fallas que permitieron la propagación estuvieron en quienes hoy son castigados con cierres y prohibiciones, y que la respuesta era negativa a la luz de los números que maneja el Gobierno. "No se han aportado elementos científicos o sanitarios que permitan inferir que el trabajo de un bar o de un gimnasio, regulado con estrictos protocolos, sea más peligroso que mantener largas colas en los bancos o que concurrir a un supermercado -advirtieron en un comunicado-. Está claro que no es razonable cerrar las instituciones financieras ni estas cadenas comerciales, pero tampoco lo es que no se considere con el mismo criterio a emprendimientos de menor escala y espalda para sostener fuentes de trabajo", se agregó.
En cuanto a las medidas alternativas, Elías de Pérez y Canelada pidieron que se recurra a la creatividad y a mirar lo que hicieron otras provincias para no forzar esta situación crítica. "Regular la circulación por DNI, habilitar horarios restringidos de funcionamiento, volver a la atención sólo en espacios abiertos, ser más estricto en las zonas críticas por los contagios y evitar la circulación o limitar el trabajo a determinados días semanales", mencionaron a modo de ejemplo.
En relación a medidas tomadas por otras provincias, insistieron en que es impostergable que se concreten medidas que alivien la situación fiscal de los comerciantes afectados por la cuarentena. "Córdoba, Santa Fe y La Rioja, entre otras provincias, implementaron líneas de créditos a tasa subsidiada para financiar el pago de salarios en el sector privado. Otras administraciones como Río Negro, La Pampa y Santa Fe postergaron vencimientos tributarios. Los riojanos incluso adoptaron programadas de transferencias directas de fondos a personas que no habían sido contenidas por el IFE o el ATP", señalaron.
Por último, advirtieron: "estamos convencidos que no es tiempo de pujas políticas. Pero también, de que las rencillas deben dar lugar al diálogo y los consensos. Estos acuerdos deben darse sobre bases de razonabilidad, transparencia y compromiso con el interés colectivo. Esta carta está inspirada en ese espíritu, esperamos ser escuchados", remarcaron.